Darán cárcel por 14 años a quien incurra en outsourcing ilegal

Al informar que el gobierno federal detectó que 14 mil empresas despidieron a 64 mil trabajadores en diciembre para no pagar prestaciones de fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con funcionarios de su gobierno, anunciaron la creación de un grupo de trabajo entre distintas dependencias contra la subcontratación ilegal.

Aunque los 64 mil despidos están vinculados directamente a dichas prácticas, el gobierno tiene registro de hasta 380 mil despidos el mes pasado que también se investigan, porque es “algo increíble, y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores y no pagar prestaciones, no pagar impuestos”, apuntó el mandatario en la conferencia matutina.

La mayoría de las empresas que dieron de baja a su personal en diciembre tenían entre 101 y 500 empleados, algunas de las cuales dieron de baja a todo su personal.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, detalló que ya hay 51 denuncias al respecto, 31 de ellas por presuntos casos de empresas fachada, y el resto por facturas simuladas y subcontratacón ilegal.

Carlos Romero, procurador Fiscal de la SHCP, subrayó que los casos de subcontratación ilegal se perseguirán como delincuencia organizada porque requiere la contribución de más de tres personas.

El delincuente puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y ser condenado hasta 14 años en la cárcel (…) Es importante que dejen de prestar ese servicio. Esto ya cambió, agrega Carlos Romero sobre empleadores bajo esquemas de outsourcing ilegal.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que detectaron al menos mil 200 empresas con esquemas de contratación ilegal, con poco más de 862 mil trabajadores.

Ante la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, apuntó que se estima qué hay hasta 5 millones de trabajadores que laboran bajo un esquema de subcontratación ilegal.

Las estimaciones apuntan a que hay hasta 6 mil empresas en dicha situación, que evaden 21 mil millones de pesos anuales.

Robledo agregó que se han realizados siete operativos especiales a grandes empresas, como hotelerías, servicios informáticos y call center, entre otros rubros, con 36 empresas subcontratatistas involucradas.

Luego de señalar que durante mucho tiempo se normalizó y se hizo una práctica muy común la subcontratación para eludir pagos, dijo que se trata de “un esquema sofisticado de empresas”, en el que cada vez que se hacían inspecciones se “saltaba” a los trabajadores a otra empresas.

Recordó que quien que contrate este tipo de servicios corre el riesgo que se inició una investigación contra él o ella, y podría ser sancionado hasta con 14 años de prisión; mientras que, a quien preste el servicio ilegal, podría ser condenado hasta a 20 años de prisión. “Si hay sanciones, esto ya cambió, es uno de los principios de la carta transformación”, agregó el funcionario federal.

Además, la titular de la STPS explicó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dejarán de existir como parte de la reforma laboral, aún tienen un rezago de medio millón de expedientes, con juicios que podrían durar de 2 a 8 años.

Con información de La Jornada